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Thelma Dorantes Autora y Actriz principal de la obra de Teatro \\

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Ximo Puig pide a los empresarios que “acomoden” la recuperación económica en la Comunitat …

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Fuente: Alerta de Google - Sueldos Salarios

VALÈNCIA, 21 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha asegurado que ha pedido a los empresarios que “acomoden la recuperación económica que está existiendo realmente en la Comunitat Valenciana a los salarios”. “Hay que subir los salarios y estamos en condiciones de poder subirlos”, ha declarado.

En este sentido, ha instado a sindicatos y patronal a hacer “un esfuerzo colectivo para conseguir que se incrementen los sueldos de los valencianos y valencianas para que puedan tener garantizadas unas pensiones dignas en el futuro”.

Así lo ha aseverado el también líder de los socialistas valencianos durante la Asamblea Abierta que el PSOE ha celebrado en València bajo el lema ‘Pensiones dignas’ y en la que ha acompañado al secretario general del partido, Pedro Sánchez.

Ximo Puig ha puesto en valor el trabajo del Consell para aplicar “políticas activas de empleo desde el gobierno”, ya que, como ha incidido, si continúan los salarios bajos, “las pensiones del futuro serán también bajas”.

De esta forma, y tras recordar que en dos años y medio se han creado más de 190.000 puestos de trabajo en la Comunitat, el ‘president’ ha trasladado a sindicatos y patronal su voluntad de que lleven a cabo “una negociación colectiva intensa y fructífera que permita subir los salarios a los valencianos y valencianas con los que garantizarles unas pensiones dignas”.

“Hay que subir los salarios y estamos en condiciones” de hacerlo, ha dicho Puig, que considera que es el momento de incrementar el salario medio de la Comunitat, que actualmente se sitúan de medida en los 883 euros.

Y ha insistido: “Antes de que Pedro Sánchez derogue la reforma laboral, ahora por lo menos que suban los salarios”.

España, en guerra contra la brecha salarial

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Fuente: Alerta de Google - Sueldos Salarios

La brecha salarial es un fenómeno que tardará dos siglos en desaparecer a menos que se tomen medidas urgentes. Así lo ha dejado claro el último informe global del Foro Económico Mundial. Islandia ha decidido llevar la bandera en materia y hace poco rompió un hito al convertirse en el primer país donde la desigualdad de sueldos entre hombres y mujeres será penada con la ley. España podría ser el siguiente.

Los partidos PSOE, Podemos y Ciudadanos -que juntos suman mayoría absoluta—han avisado que quieren prohibir la diferencia salarial basada en el género y aplicar sanciones. Los representantes de las tres grandes coaliciones han informado que preparan propuestas de ley, aunque el acuerdo sigue estando en el aire.

Según apunta el diario español El País, el PP, liderado por el jefe de Gobierno Mariano Rajoy, no prevé un texto específico propio, pero defiende la transparencia y las auditorías y está “abierto a estudiar la posibilidad de las sanciones”. Por su parte, Podemos ya ha ido un poco más allá y de hecho ya cuenta con un texto registrado: la Proposición de Ley por la Igualdad Retributiva entre Hombres y Mujeres.

El documento de 35 páginas, pendiente de fecha para su debate en el pleno, tiene como base una iniciativa que pretende modificar hasta 10 normativas, desde el Estatuto de los Trabajadores a la Ley Reguladora de Jurisdicción Social. En ese sentido, la propuesta establece que las empresas estarían obligadas a hacer auditorías y, si las mujeres perciben desde un 20% menos, se considerará discriminatorio, lo que obligaría a igualar los salarios al alza y podría acarrear incluso indemnizaciones por daños y perjuicios, detalla El País.

Ciudadanos, que también prepara una propuesta de ley, está revisando sobre todo la forma jurídica que se debe dar a las sanciones. En este punto es preciso destacar que los representantes del partido han subrayado la necesidad de ir “más allá”. “Es una buena normativa, pero no se cumple. Y ese es el problema. Hay que ir más allá y establecer sanciones”, afirmó la diputada Patricia Reyes en relación con la Ley de Igualdad de 2007.

Con respecto al PSOE, su iniciativa, que aún no es pública, está más ligada a las mejoras en la inspección de trabajo o mecanismos para “empezar a activar la justicia”. “Si no se puede pleitear y obligar a la equiparación, descubrimos la desigualdad pero todo queda en manos de cada trabajadora”, advierte la exministra Carmen Calvo, secretaria de Igualdad del partido.

El asunto de la brecha salarial es especialmente dramático en España. De hecho, el informe global del Foro Económico Mundial sitúa a la nación en una de las peores plazas relacionadas con la igualdad de salarios para un trabajo similar. En este reglón el año pasado el país bajó hasta el puesto 122, de 144.

Sin embargo, las principales coaliciones políticas prefieren ser optimistas y mirar al 2018 como un escenario perfecto para enterrar para siempre la desigualdad salarial. Por supuesto, es imprescindible que además de “buena voluntad” hayan medidas concretas. @mundiario

Genera ahorro de 5.5 mdp reducción de salarios a burócratas de Puebla

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Fuente: Alerta de Google - Sueldos Salarios

La reducción del 10 por ciento en los salarios del gobernador Antonio Gali Fayad, de los secretarios y de los subsecretarios estatales generó un ahorro de 5 millones 575 mil pesos durante 11 meses de 2017.

De acuerdo con el documento del primer informe de labores del mandatario estatal, esos recursos fueron destinados a los rubros educativos y de salud.

“Entre los 22 compromisos estratégicos de trabajo con la ciudadanía, se estableció́ la reducción de 10 % en los sueldos mensuales de los subsecretarios (y sus equivalentes), de los secretarios (y sus equivalentes) y del gobernador. Esto con la finalidad mantener congruencia con el entorno económico de nuestro país, y con el objetivo de reducir gastos operativos”, se informa.

Los ahorros no representan ni el 7 por ciento de los recursos que el propio gobernador estimó que se juntarían anualmente.

“Es un ahorro importante de 83 millones de pesos y precisamente este tipo de ahorros tenemos que invertirlos en la juventud, en deporte, en cultura, en salud, en educación, yo creo que los valores, como decíamos, y más hoy que es el Día Mundial contra el Cáncer, por esos mencionábamos salud y deporte unidos, para esos sirven estos ahorros”, dijo Gali en una entrevista que ofreció en los primeros días de febrero de 2017.

Leer más: Fortalece Gali relaciones internacionales

El documento del informe también da a conocer que, en contraste, que el 31 de julio de 2017 se determinó un incremento del 1.04 por ciento sobre las prestaciones de los trabajadores adheridos al Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla y Organismos Descentralizados.

“Un punto fundamental en el mejoramiento de las condiciones de los trabajadores es la motivación y los estímulos para su bienestar. Por ello con una inversión de 1 millón 674 mil 19 pesos, se entregaron mil 44 becas en favor de los hijos de los trabajadores de base cuyos promedios oscilaron entre 8.5 y 10. Lo anterior, con la finalidad de que continúen sus estudios en los diferentes niveles educativos”.

Se informó que, en el marco de la Ley de Estímulos, Recompensas y Premios a los Funcionarios y Empleados del Gobierno del Estado de Puebla, se hizo un reconocimiento a mil 26 servidores públicos por los años de servicio. Así́, se entregó́ un estímulo económico de acuerdo con los años de trabajo cumplidos, el cual osciló entre 13 mil 187 pesos y 49 mil 750 pesos.

Puig pide a los sindicatos que negocien para subir los salarios

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València, 21 ene (EFE).- El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha pedido a los sindicatos que trabajen en la negociación colectiva para subir los salarios porque, ha afirmado, “estamos en condiciones” para ello, y a los empresarios, que acomoden la recuperación económica de la Comunitat Valenciana a los sueldos.

Puig ha participado en una asamblea del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, con unos 500 militantes y simpatizantes en el complejo deportivo-cultural La Petxina de València para hablar de pensiones, donde ha señalado que UGT y CCOO tienen “un trabajo fundamental” en la negociación colectiva antes de que el PSOE “derogue la reforma laboral”, el de lograr que los salarios suban.

El presidente ha asegurado que el Consell quiere hacer políticas a favor del empleo que hagan posible que los ciudadanos tengan “derecho al trabajo, un trabajo digno” porque, de continuar con salarios bajos, las pensiones del futuro serán “bajas”.

A juicio de Puig, “nos merecemos, no la vía de la reducción de las pensiones y no la vía de la privatización, sino tener el mejor estado del bienestar posible, con unas pensiones dignas para todos”, ha manifestado.

Ha señalado que está librando “una batalla dura” para lograr una financiación justa para la Comunitat Valenciana, una comunidad donde las pensiones -838 euros de media- están 100 euros por debajo de la media nacional y presentan más de 300 euros de diferencia con respecto a otras comunidades.

Sin embargo, ha asegurado, los jubilados han sido “los grandes protectores” en los tiempos de crisis y, si no hubiera sido por su ayuda, “el destrozo social habría sido mucho peor”.

Puig ha afirmado que se habla mucho del desfase de los salarios entre los hombres y las mujeres, pero en las pensiones es “peor” porque la diferencia llega al 30 %.

Ha asegurado que la Generalitat quiere situar a las personas como “el gran objetivo político”, mejorar su vida y paliar en lo posible las situaciones de crisis, y para ello ha terminado con los “copagos confiscatorios” y ahora “nadie en la Comunidad deja de consumir los medicamentos recetados por no pagar”.

Entre las medidas llevadas a cabo por el Consell, ha recordado la gratuidad de los libros de texto, así como la creación de empleo, ya que en dos años y medio de legislatura del actual Gobierno valenciano, hay 190.000 personas más trabajando.

“La derecha decía -ha comentado- que cuando llegara la izquierda al gobierno, iba a ser el desastre; todo lo contrario, ellos sí que eran un desastre, que significaron el descrédito de esta tierra”. EFE

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Los sindicatos presentarán su oferta salarial esta semana, centrada en los sueldos más bajos

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21/01/2018 – 14:21

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MADRID, 21 (SERVIMEDIA)

Los sindicatos CCOO y UGT darán a conocer esta semana su oferta salarial a las patronales CEOE y Cepyme y estará centrada en la recuperación de los sueldos más bajos y en darle un impulso al resto que podría estar en el entorno del 3%.

El próximo jueves, sindicatos y patronal se reunirán para avanzar en la negociación del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) y en esta ocasión acudirán con una oferta.

Desde CEOE, se dio a conocer una propuesta salarial que concretarán conforme avance la negociación pero que estará en línea con la de 2017, con una parte fija entre el 1,2% y el 2% más una parte variable superior al 0,5%. Esto significa que CEOE y Cepyme mantienen el planteamiento conocido hasta el momento para que los salarios puedan subir por encima del 2,5%.

Por su parte, los sindicatos han apuntado a un salario mínimo en convenio de 1.000 euros y una subida general en el entorno del 3% o incluso por encima, teniendo en cuenta la inflación y la productividad, aunque tienen que cerrar la propuesta.

De esta manera, los sindicatos se desmarcarían de las tradicionales bandas salariales que establecen un margen en la negociación, así como de la propuesta que plantearon las centrales para 2017, que comprendía una horquilla salarial del 1,8% al 3%.

Para alcanzar un pacto, la Junta Directiva de CEOE decidió dar de plazo hasta el mes de marzo y destacó su “máxima disposición” para alcanzar el acuerdo. Las centrales, por su parte, acuden a la negociación “con la mente abierta” y con el objetivo de introducir en el acuerdo más temas, además de los salarios, tal y como también plantean los empresarios. CCOO convocará previsiblemente su Consejo Confederal para el próximo martes y en el mismo está previsto abordar la negociación salarial.

(SERVIMEDIA)

21-ENE-18

MMR/gja


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Policías y guardias civiles han pedido igualdad salarial. La protesta ha transcurrido con …

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No es lo mismo que la reivindicación salarial proceda de la clase obrera o que la haga la Policía Nacional y la Guardia Civil.

No es lo mismo que la reivindicación salarial proceda de la clase obrera o que la haga la Policía Nacional y la Guardia Civil. A los primeros es muy fácil que los cuerpos de seguridad del Estado —sí, esos mismos que se han manifestado hoy reivindicando salarios más altos— les dispersen a porrazos. En cambio, la policía del gran capital, mantenida por el contribuyente, goza de una gran ventaja a la hora de pedir más a sus jefes: a ellos no hay quién les aporree.

Es notable la insolidaridad que muestran con los problemas de quienes les mantienen, como también es notable lo mucho que protestan cuando el bolsillo perjudicado no es otro que el de ellos. Una actitud tan egoísta como previsible que siempre han practicado.

Miles de agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil han reclamado este sábado en Barcelona la equiparación salarial con los Mossos d’Esquadra y la Ertzaintza en una manifestación en Barcelona. Esta movilización ha sido la antesala de una negociación, ya que el próximo miércoles, los sindicatos policiales se sentarán por primera vez en la mesa técnica con el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, que se ha citado para el jueves con las asociaciones profesionales del Instituto Armado.

A la manifestación de la Policía Nacional y la Guardia Civil han asistido, cómo no, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, la líder del partido en Catalunya, Inés Arrimadas, y el presidente del Partido Popular Catalán, Xavier García Albiol.

La plataforma por la equiparación Jusapol ha llamado a la movilización con lemas en redes sociales como “Prohibido rendirse” y “la seguridad, pilar básico del bienestar” —¿de quién?, cabría preguntarse—. Tanto esta plataforma como los sindicatos y asociaciones aprobaron en unidad de acción un calendario de movilizaciones para presionar al Ministerio del Interior, a quien reclama 1.500 millones de euros para igualar sus sueldos con policías autonómicos.

Iniciada en la plaza Urquinaona de Barcelona, la manifestación de protesta ha bajado por Via Laietana, encabezada por una pancarta con el lema “Equiparación Ya. Justicia salarial”, mientras los agentes y sus familiares llevaban banderas españolas y de otras autonomías, entre ellas catalanas.

Los manifestantes reclaman 1.500 millones de euros para igualar sus sueldos con policías autonómicos.

Policías y guardias civiles han pedido igualdad salarial. La protesta ha transcurrido con normalidad, nadie les ha aporreado

Justifican exalcaldes coahuilenses sueldo de sus esposas

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MONCLOVA, COAH.- Las primeras damas de San Buenaventura, Frontera, Nadadores, Sacramento, Cuatro Ciénegas, Candela y Castaños que concluyeron su periodo el año pasado, fueron algunas de las que continuaron cobrando hasta 36 mil 627 mensuales, pasando por alto la recomendación del Congreso del Estado de cancelar los salarios.

La Auditoría Superior del Estado (ASE) detectó de nueva cuenta que 24 ex alcaldes pagaron indebidamente a sus esposas durante 2016 más de 5 millones y medio de pesos por presidir los DIF municipales, pese a que la ley establece que es un puesto honorario y no tienen derecho a una retribución salarial. 

Desde que las esposas de los alcaldes de la pasada administración fueron detectadas en las nóminas municipales, los diputados locales lanzaron un exhorto de cancelar a la brevedad estos sueldos, ya que “primera dama” es un cargo honorario por lo tanto no son consideradas empleadas sino voluntarias.

No obstante, los ex presidentes municipales siempre se pronunciaron a favor de que sus esposas recibieran una compensación económica por trabajar en el Desarrollo Integral de la Familia.

En 2015, el entonces alcalde de Castaños, José Isabel Sepúlveda Elías, dijo que “no pasa nada”; el alcalde de Cuatro Ciénegas, Miguel Guevara Cantú, señaló que las primeras damas están haciendo su trabajo y se esfuerzan por la comunidad: “En el caso de mi esposa, ella dejó su trabajo para venir a trabajar, era maestra de inglés, lo dejó para dedicarse por completo al DIF y al igual que otro trabajador, tiene derecho de recibir un sueldo”, justificó.

El ex alcalde de Sacramento, Juan Antonio Velasco Lozano, mencionó: “Para qué vamos a quitar la compensación si de todas formas buscaremos la manera de apoyarlas, mejor hacemos las cosas bien”, y Óscar Flores Lugo, San Buenaventura, indicó que el sueldo de su ahora ex esposa estaba contemplado en el presupuesto de Egresos como “servicios personales”, e indicó que si los diputados desean eliminar los salarios, también deben cancelar el pago de sus asesores.

¿Sabes quiénes son los 10 futbolistas mejor pagados del mundo?

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El mundo del fútbol se ha vuelto loco con tanto fichaje desorbitado. Neymar, Coutinho, Dembélé, Van Dijk… Todos ellos son víctimas de la situación de un mercado que cada vez va a más.

No es de extrañar que el próximo verano se vean cantidades superiores a las actuales en términos de fichajes. Y con la Liga china como máximo exponente.

Esto repercute en los salarios. Sueldos que antes estaban en torno a los 6 ó 7 millones netos al año (en época de Figo, Zidane, Ronaldo…) ahora están en 30 ó 40 millones de euros. Una locura.

En estos momentos, según informa Marca, el futbolista mejor pagado del mundo es Leo Messi, con un sueldo de 46 millones de euros netos. Segundo es Tévez, con 38 millones. Tercero es Neymar, con 36 millones netos.

Lo que más llama la atención es el ránking que ocupa Cristiano Ronaldo. El portugués está en el sexto puesto, con un salario de 21 millones de euros, por detrás de hombres como Óscar (24 millones) y Lavezzi (23 millones).

En el séptimo lugar está Hulk, con un salario de 20 millones de euros. Por detrás está Mbappé, que con 18 años ya cobra 18 millones de euros netos.

En el noveno puesto se encuentra Pogba, con 17,5 millones. En último lugar está el italiano Pellé, con 17 ‘kilos’ netos por temporada.

Los 10 futbolistas mejor pagados del mundo:

  • 1. Leo Messi (Barcelona): 46 millones
  • 2. Carlos Tévez (Shanghai Shenhua): 38 millones
  • 3. Neymar (PSG): 36 millones
  • 4. Óscar (Shanghai Sipg): 24 millones
  • 5. Lavezzi (Hebei Fortune): 23 millones
  • 6. Cristiano Ronaldo: 21 millones
  • 7. Hulk (Shanghai Sipg): 20 millones
  • 8. Mbappé (PSG): 18 millones
  • 9. Pogba (Manchester United): 17,5 millones
  • 10. Graziano Pellé (Shandong Luneng): 17 millones

Estudio de la ONU indica que las mujeres ganan 23% menos que los hombres

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 La brecha salarial entre mujeres y hombres fue estimada en 23% a nivel global, según datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que consideró la situación “el mayor robo de la historia”.

“No hay un solo país, ni un solo sector en el que las mujeres ganen los mismos salarios que los hombres y, a nivel global, ganan un promedio de 23% menos que los hombres, una situación que para Naciones Unidas constituye el mayor robo de la historia”, indicó la asesora de ONU Mujeres, Anuradha Seth.

Según Naciones Unidas, la brecha salarial “se puede explicar por una acumulación de factores que incluyen la minusvaloración del trabajo de la mujer, sus tareas sin remuneración en el hogar, menor participación en el mercado laboral, el tipo de puestos que asumen y la discriminación”.

Las mujeres ganan menos en general porque trabajan menos horas remuneradas, porque lo hacen en sectores peor pagos o por estar menos representadas en los escalafones más altos de las empresas, replicó la agencia EFE.

Además, en promedio reciben sueldos inferiores a los de sus compañeros varones por hacer exactamente el mismo trabajo; la estimación de la ONU es que por cada dólar que gana un hombre, una mujer gana 77 centavos.

Las diferencias entre países son importantes: entre los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) hay países con una diferencia menor al 5%, como Costa Rica o Luxemburgo, y otros con hasta 36%, como Corea del Sur.

Varios países ricos tienen una brecha salarial superior: Japón (25,7%), Estados Unidos (18,9%), Reino Unido (17,1%) y Alemania (15,7%).

En tanto, la diferencia de salarios se agrava con la edad, especialmente cuando las mujeres tienen hijos.

Las últimas estimaciones apuntan a que, con cada nacimiento, la mujer pierde 4% de su salario con respecto a un hombre, mientras que para el padre los ingresos aumentan alrededor de 6%, lo que demuestra -según Seth-, que buena parte del problema es el trabajo familiar no remunerado que realizan las mujeres.

En África Subsahariana y Asia Meridional, por ejemplo, la brecha es de 31% y 35%, respectivamente, para las mujeres con hijos, en comparación con el 4% y el 14% de las mujeres que no los tienen.

Pese a la incorporación femenina al mercado laboral durante las últimas décadas, el número de mujeres activas sigue siendo muy inferior al de hombres y, en muchos casos, con menor carga horaria.

Según datos de 2015 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), un 76,1% de los hombres en edad de trabajar forman parte de la población económicamente activa, mientras que el porcentaje es de 49,6% en el caso de las mujeres.

La brecha salarial entre hombres y mujeres es “el mayor robo de la historia”

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nueva york– A nivel global, las mujeres ganan de media un 23% menos que los hombres, una situación que para Naciones Unidas constituye “el mayor robo de la historia”. El problema, según los datos recopilados por la organización, no distingue de fronteras, sectores, edades ni cualificaciones. “No hay un solo país, ni un solo sector en el que las mujeres ganen los mismos salarios que los hombres”, explica a Efe la asesora de ONU Mujeres Anuradha Seth.

Según esta agencia, la brecha salarial no se puede explicar por una o dos causas, sino por la acumulación de numerosos factores que incluyen la minusvaloración del trabajo de la mujer, sus tareas sin remuneración en el hogar, su menor participación en el mercado laboral, el tipo de puestos que asumen y la discriminación.

Así, las mujeres ganan menos en general porque trabajan menos horas remuneradas, porque lo hacen en sectores peor pagados o porque están menos representadas en los escalafones más altos de las empresas. Pero también, simplemente, porque de media reciben sueldos inferiores a los de sus compañeros varones por hacer exactamente el mismo trabajo, según los datos que maneja la ONU.

En conjunto, la estimación de la organización es que por cada dólar que gana un hombre, de media una mujer gana 77 centavos. Las diferencias entre países, sin embargo, son importantes. Entre los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en la que participan muchas de las economías más avanzadas, hay países con una diferencia menor al 5% como Costa Rica o Luxemburgo y otros con hasta el 36%, como Corea del Sur. Las comparaciones son complicadas, dado que los números bailan en función de la fuente y de la metodología.

En España, por ejemplo, la brecha es del 11,5% según los datos de 2014 que usa la OCDE y del 24% a tenor de las cifras de un informe publicado hace un año por el sindicato UGT.

Según los cálculos más recientes de la OCDE, numerosos países ricos tienen una brecha salarial superior, por ejemplo Japón (25,7%), EE.UU. (18,9), el Reino Unido (17,1) o Alemania (15,7).

La diferencia de salarios entre hombres y mujeres se agrava en general con la edad, especialmente cuando las mujeres tienen hijos.

Las últimas estimaciones apuntan a que con cada nacimiento, la mujer pierde de media un 4% de su salario con respecto a un hombre, mientras que para el padre los ingresos aumentan alrededor de un 6%. Ello demuestra, según explica Seth, que una buena parte del problema es el trabajo familiar no remunerado que las mujeres siguen llevando a cabo de forma desproporcionada.

Pese a la incorporación de la mujer al mercado laboral durante las últimas décadas, el número de mujeres activas sigue siendo muy inferior al de hombres y, además, en muchos casos la mujer dedica menos horas a su empleo.

Según datos de 2015 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), un 76,1% de los hombres en edad de trabajar forman parte de la población activa, mientras que el porcentaje es del 49,6% en el caso de las mujeres. De cara al futuro, la ONU advierte de que al ritmo actual se necesitarán más de 70 años para acabar con la brecha salarial por motivo de género, por lo que ve necesarias nuevas medidas específicas para atacar el problema.

discriminación

Sueldos públicos

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Fuente: Alerta de Google - Sueldos Salarios

Supongo que la mayoría de los españolitos se muestran disconformes con lo que muchos políticos se llevan al bolsillo al fin de mes. Como es obvio, me encuentro entre ellos, aunque por razones bastante opuestas a las compartidas por la mayoría. A mí me parecen salarios rácanos y, en algunos casos, incluso bastante cutres. Opinión impopular, sí, pero con cierto fundamento. Criticar la nómina de los políticos acaba siendo un acto populista más, fundamentado habitualmente en esa cochina envidia de la que hacemos gala en este país. Será cuestión de abandonar tanta mojigatería e ir pensando en aumentarles las ganancias. A priori, nada malo hay en ello.
La «res pública», que dirían los romanos, es cosa seria. Aquí nos la jugamos todos y, quizás por ello, uno ya está hasta la coronilla de que se considere como algo menor que puede ser encargada a un mindundi cualquiera. Son asuntos importantes que, precisamente por su relevancia, merecen una retribución económica acorde con la responsabilidad que conllevan. Supongo que, cuando menos en esto, estaremos de acuerdo. En consecuencia, si las funciones son de elevada trascendencia social ?pongamos como ejemplo la presidencia de un gobierno autonómico?, cuesta aceptar que las retribuciones sean tan cicateras. Vean el sueldo del President de la Generalitat, utilizado como patrón de referencia para establecer el de la mayoría de los altos cargos. Cierto es que los 68.975? anuales que percibe Ximo Puig triplican el salario medio de un trabajador valenciano. Pero también que cualquier directivo de una pequeña o mediana empresa tiene unos ingresos bastante más elevados que los del jefe del Consell. Con esa nómina soñarían muchos valencianos, pero muy pocos de quienes se encuentran capacitados para dirigir una macroempresa con más de 120.000 trabajadores, como es el caso de la administración valenciana. No, la política ?honrada, por supuesto? no es negocio, pero no por ello merece estar mal retribuida.

Parece lógico esperar que, cuanto mayor sea la responsabilidad, más elevada debe ser la compensación económica recibida. En esta relación, casi de Perogrullo, fundamento la defensa de mejores salarios para los gestores públicos. Una reclamación que, no obstante, difícilmente despertará el interés de ningún sindicato ni colectivo ciudadano. Y así nos va porque, mientras los sueldos sean tan poco atractivos, difícilmente se encontrarán kamikazes dispuestos a dejar a un lado una fructífera y prometedora trayectoria profesional, para embarcarse en un proyecto tan poco atrayente ¿Que el perfil actual es bajo? Es lo que estamos pagando; ni más sin menos. Hace años, al menos quedaba el compromiso ideológico, aunque tampoco fuera éste un motivo convincente en muchos casos. Será cuestión de ofrecer algo mejor porque, de otro modo, seguiremos buscando soluciones en el mercado de la mediocridad.

Hasta aquí llega mi defensa. Cuando uno decide colgarse el petate y embarcarse en ese mundo apasionante de la política de gestión, suelen repetirle por activa y por pasiva que asuma las consecuencias. Entre ellas, lógicamente, la pérdida económica. Al menos esa fue la experiencia que un servidor vivió hace ya unos buenos años. La decisión es voluntaria y la puerta siempre está abierta para quien desee marcharse. Vaya, que si no te gusta la faena ?o no te llena el bolsillo, si es lo que pretendes?, arreando y a otra cosa porque no se trata de un trabajo común. Asumir una responsabilidad pública lleva implícita la adquisición de un compromiso que va más allá de lo estrictamente crematístico. De ahí que extrañe el desaforado interés que se ha despertado en algunas instituciones por incrementar los ingresos de algunos de sus cargos y allegados. Como ejemplos, estén atentos a lo sucedido en el Ayuntamiento de Alicante o en la Diputación Provincial. Y es que, cuando el poder legislativo coincide con el poder ejecutivo ?tal es el caso de las corporaciones locales?, el pachangueo está prácticamente asegurado porque todos son parte del pastel.

Habrá que dignificar la política con salarios ajustados a las obligaciones que se adquieren en razón del cargo, si se pretende eliminar parásitos y, en su lugar, situar a elementos útiles para gestionar el bien común. Ahora bien, la medida debe ser general y no singular, como es el caso de los aumentos salariales aprobados en la Diputación Provincial, donde algunas nóminas se han visto incrementadas en cerca de un 20%. No se trata de cargos políticos en sentido estricto, sino de personal de confianza. Realmente no extraña tanto en una institución en la que su presidente percibe un sueldo similar al de Mariano Rajoy, un diputado de gobierno cobra más que un ministro y, los de la oposición, disfrutan de una nómina superior a la de cualquier conseller. Algún cálculo debe fallar porque, como es evidente, la responsabilidad y las competencias de todos ellos se alejan bastante de las más exigentes que son propias de los ejecutivos autonómico o nacional. Quizás son esos los sueldos correctos ?es más, creo que sí?, pero la cuestión estriba en demostrar que los resultados obtenidos por su trabajo justifican el dinero percibido. Ahí tengo dudas.

Más llamativo ha sido el argumento utilizado por el todavía alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, para justificar el aumento salarial de su jefe de gabinete. Como se evidencia cada día, el divorcio del tripartito ha dejado a la deriva a este ayuntamiento, bajo la dirección de apenas seis concejales. Y, según parece, hay prisas por desandar todo lo andado con los que antes fueran sus socios. Como resultado de ser pocos y no tener rumbo fijo, parece que la faena ha subido tanto para el sufrido asesor que ha sido preciso ajustarle la nómina en un 17%. Supongo que el beneficio no será extensible a los funcionarios de la casa que, al fin y al cabo, son los que tienen que aguantar las idas y venidas de sus superiores. Pues nada, otro que se va a levantar un sueldo de alto cargo tratándose de simple personal eventual de confianza, sin competencia ni responsabilidad alguna en la gestión. Porque, dicho sea de paso, ya va siendo hora de que aprendamos a diferenciar entre funcionarios, altos cargos y eventuales. No son lo mismo. En absoluto.

Reclamo sueldos dignos para los políticos dedicados a la gestión pública, por más que la medida sea impopular y me crujan por pensar así. Ahora bien, siempre que se disponga de un curriculum ajustado a las funciones que se les atribuye, porque aquí es donde radica el verdadero problema. Pagar a quien no dispone de la capacidad necesaria, acaba siendo un mal negocio. Son esos «sabelonadas» a los que se refería Paul Krugman esta semana en su columna del NY Times, criticando a la Administración Trump. El problema es universal y por estas tierras podemos dar lecciones de ello. Como ejemplo, pocos pueden alardear de que un escritor, sin formación sanitaria alguna, sea contratado para coordinar la cirugía sin ingreso o la hospitalización domiciliaria. Nosotros, los valencianos, sí.

Si algo debiera privatizarse, tal vez fueran determinados cargos políticos. Bien pagados, por supuesto. Posiblemente ganaríamos todos.

Las dudas que genera el embargo a las cuentas sueldo

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Fuente: Alerta de Google - Sueldos Salarios

El DNU 27/2018 modificó un artículo de la Ley de Contrato de Trabajo dejando sin efecto la inembargabilidad de las cuentas sueldo. Ahora, los acreedores podrán pedir el embargo de esas cuentas, que pueden estar engrosadas por otras sumas no provenientes del sueldo, si tienen saldos superiores al equivalente a tres sueldos.El fundamento de la medida es que los acreedores tendrán mayor garantía y cuantía de cobro de la deuda contraída por el trabajador y demás beneficiarios de la Seguridad Social, como jubilados.Tanto especialistas como legisladores han impugnado que a través de un DNU se haya modificado un artículo de la ley de Contrato de Trabajo, de 2016, y adelantaron que irán a la Justicia. Hasta ahora los embargos ordenados judicialmente debían ser efectuados por el empleador antes de pagar el sueldo. Según el abogado Luís Enrique Ramírez, vicepresidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, “conforme al Decreto Nº 484/87, la cuota de embargabilidad de las remuneraciones es la siguiente: 1.- Hasta el importe del salario mínimo vital (hoy $9.500), la remuneración es inembargable.2.- Hasta el doble del salario mínimo vital, se puede embargar el 10% de lo que excediere de este último.3.- Las remuneraciones superiores a dos salarios mínimo y vital pueden ser embargadas hasta un 20% de lo que excediere de esa suma.Un ejemplo numérico permitirá aclarar mejor el tema. Por caso, a un trabajador que tiene una remuneración de $28.500, ¿cómo podría afectarlo un embargo?Hasta $9.500: inembargable De $9.501 a $19.000 (10%): $950 De $19.001 a $28.500 (20%): $1.900 Así, el total del embargo sería de $2.850.Y esto no fue modificado por el DNU 27/18. A su vez, para las deudas alimentarias “no rige el monto máximo de embargabilidad, pero el juez debe fijar la cuota alimentaria en un monto que permita la subsistencia del alimentante (Decreto 484/87, artículo 4)”.Por su parte, el empleador tiene 48 horas para notificarle del embargo del sueldo y entregarle una copia de la orden judicial.En cambio, el DNU admite el embargo sobre la cuenta sueldo “en la medida de que se trate de montos derivados de una relación laboral, o de prestaciones de la Seguridad Social” y si el saldo de dicha cuenta supera el equivalente a 3 veces dichos ingresos, según el promedio de los últimos 6 meses.Lo que el DNU no aclara es qué pasa si el saldo de dicha cuenta excede ese limite: el embargo podrá hacerse sobre el saldo que excede ese tope o hasta el 20%.¿Qué pasaría en el ejemplo del trabajador que tiene una remuneración mensual promedio de $28.500?. Si en la cuenta sueldo hay depositados $120.000, hasta $85.500 (o sea tres sueldos) lo depositado en la cuenta sueldo es inembargable.Sobre el saldo de $34.500 ($120.000 menos $85.500), el DNU no aclara si se debe respetar el límite del 20%, del articulo 147 de la ley de Contrato de Trabajo, o se podría embargar todo el saldo.De los fundamentos del DNU buena parte de los especialistas dice que se podría embargar todo el saldo. Es que el nuevo articulo establece “un monto por encima del cual las sumas depositadas en una cuenta sueldo pueden ser embargables para, de esta manera, mejorar el perfil crediticio de los ahorristas del sistema financiero y otorgarles mayor y mejor acceso al crédito”.Ramírez insiste en que “para mí es el 20% que fija el decreto 484/87, que no fue derogado.” Admite que otros especialistas “creen que se podría embargar todo el saldo”, aclarando que la ley laboral dice que “si la duda recayese en la interpretación o alcance de la ley, los jueces o encargados de aplicarla se decidirán en el sentido más favorable al trabajador”.En síntesis, más “combustible” para la litigiosidad judicial.

Los funcionarios de prisiones también solicitan la equiparación de su salario

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Fuente: Alerta de Google - Sueldos Salarios

MIGUEL ÁNGEL ZAMORA | LEÓN

Los sindicatos del colectivo de prisiones convocan una manifestación en Madrid para el próximo día 24 de febrero, en reivindicación de la equiparación de sus salarios en toda España, a la vista de que en la actualidad, un funcionario del Centro Penitenciario Provincial de Villahierro cobra 600 euros menos que uno de su misma categoría en Álava o en Cataluña.

Las reivindicaciones se están impulsando por parte de los sindicatos Acaip (Asociación de los Cuerpos de Administración de Instituciones Penitenciarias), Csif (Central Sindical Independiente de Funcionarios), Comisiones Obreras y UGT Prisiones. Apfp (Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones), reclama unidad sindical en esta iniciativa, cuestión que se ha ofertado también a Atip (Asociación de Técnicos de Instituciones Penitenciarias), Fedeca (Federación de Asociaciones de Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado) y FPU (Funcionarios de Prisiones Unidos). La propuesta reclama la equiparación con los profesionales alaveses y catalanes, cuyas condiciones retributivas son sensiblemente superiores.

Valentín Llamas, secretario provincial de Acaip, señaló que los centros que gozan de esta mejora son Basauri (Vizcaya), Martutene (Guipúzcoa), Nanclares de la Oca (Álava) y Pamplona (Navarra).

«Es hasta cierto punto relativo lo de que solamente los compañeros de esos centros estaban expuestos a las secuelas del terrorismo de ETA. Hubo ataques terroristas a compañeros en Granada y El Puerto de Santa María. Otros hemos estado también en el punto de mira de los terroristas».

A priori, la sensación es que es difícil que la iniciativa prospere. Básicamente, porque el Estado no parece dispuesto a asumir que los gobiernos autonómicos fijen los sueldos de los funcionarios estatales.

«Mismo sueldo, mismo trabajo», explica Fernando Martínez, de Apfp . «No se puede entender que un periodista de León gane 600 euros menos que un periodista de Cataluña. Pues esto es lo mismo. Álava tiene una retribución especial por los efectos del terrorismo en el pasado. Incluso ha habido funcionarios que han fallecido y ese riesgo tenía que conllevar una mejora salarial. Nosotros pedimos unidad sindical, que todos los sindicatos el día 24 estemos juntos reivindicando lo mismo y a la vez hemos hecho un recordatorio a Ortega Lara», señaló.

La última reunión se produjo el día 17 de enero. La manifestación se programa para el sábado 24 de febrero, con el objeto de que puedan acudir a Madrid el mayor número posible de funcionarios para conseguir los objetivos que se proponen.

La gran empresa deberá someter a auditorías el sueldo de sus empleados

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EconomíaLa ministra de Empleo, Fátima Báñez, en un reciente acto en MálagaLa ministra de Empleo, Fátima Báñez, en un reciente acto en Málaga – ABC

El Gobierno quiere comenzar una cruzada contra la desigualdad en las nóminas, como han hecho en Alemania, Islandia y próximamente Reino Unido

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Islandia, Alemania, Reino Unido… El camino hacia la igualdad de sueldos lo han comenzado a andar ya varios países. Todos están poniendo en marcha iniciativas legislativas para combatir la brecha salarial entre lo que cobran de media los hombres y las mujeres. Auditorías, transparencia salarial o incluir en la legislación el concepto de igual retribución son medidas compartidas para un problema al que España no es ajena.

Según datos de la Comisión desde el 3 de noviembre y hasta final de año las mujeres europeas trabajan gratis. Y eso es así a pesar de que la brecha en el conjunto de los 28 países de la UE pasó del 16,7 en 2016 al 16,3 en 2017, según estos mismos datos. En el caso de España, el salario medio bruto por hora que perciben las mujeres es de media un 14,9% más bajo. Es decir, que trabajaron gratis desde el pasado día 8 de noviembre hasta final de año al igual que en 2016, según iniste el sindicato UGT.

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ya ha presentado a sindicatos y empresarios una batería de medidas sin precedentes para lograr que los salarios por sexos se acerquen, teniendo en cuenta que en 2016 el sueldo medio de los hombres ascendía a 2.075,65 euros brutos al mes y el de las mujeres a 1.661, es decir, ellas cobran un 20% menos al mes.

Esas medidas consisten en aumentar las obligaciones de las empresas para facilitar información sobre los sueldos y obligar a las de más de 250 trabajadores a realizar por ley auditorías salariales. Esta iniciativa deberá contemplarse en el plan de igualdad que deben tener estas compañías. Empleo también tiene previsto que el artículo 28 del Estatuto de los Trabajadores incorpore «la obligación, por parte del empleador, de ofrecer a sus trabajadores o a sus representantes, si lo solicitan, la información desagregada en función del género sobre componentes y cuantía de retribución para los puestos de trabajo de igual valor». La iniciativa se alinea con las recomendaciones sobre igualdad que ha hecho a España la Unión Europea.

Con la idea de reforzar también los planes de igualdad en las empresas, el Empleo quiere que estos planes queden plasmados, con carácter obligatorio, en el registro de convenios del Ministerio de Empleo. Este departamento explica que «una transparencia mayor puede manifestar si existe un sesgo [en la empresa] en función del género [de los trabajadores], así como la discriminación en la fijación de salarios de una empresa u organización».

Los británicos serán los próximos. En abril todas las empresas de 250 empleados tendrán que hacer público un informe sobre su brecha salarial y las medidas que implantarán para atajarla. Las empresas no estarán obligadas a hacer públicos los salarios de hombres y mujeres, sino que tendrán que publicar las diferencias promedio en el salario por hora y en los bonus. Además, deberán demostrar también cuál es la proporción de hombres y mujeres que cobran estos extras y que hay en cada nivel salarial.

Algunos países, entre los que figuran los nórdicos, tienen más tradición de transparencia y, por tanto, más facilidad para aplicar este tipo de medidas. Otros, como Bélgica, aún estudian como compatibilizar transparencia con protección de datos.

Alemania, un 22% menos

Al igual que hará España, otros países han puesto en marcha auditorías salariales, entre ellos Alemania y para el caso de empresas de más de 500 trabajadores. Estas compañías tendrán que analizar periódicamente su estructura salarial y comprobar si se cumple el principio de igual retribución por trabajo de igual valor.

La norma alemana garantiza el derecho de las empleadas a solicitar información sobre el salario de trabajadores del sexo opuesto que tienen su mismo puesto de trabajo. En este caso, tampoco se ofrecerá el sueldo concreto, sino la media de seis trabajadores. Se podrá solicitar también información sobre hasta dos «bonus».

La legislación del país prohíbe la discriminación por género desde hace más de medio siglo, pero la realidad no ha alcanzado del todo a la norma: las mujeres, en promedio, todavía ganan un 22% menos que los hombres, según la oficina estadística alemana. Una trabajadora, en promedio, acumulará un 49,8% menos de ingresos en su carrera que un trabajador, según un estudio del Instituto de Economía Internacional de Hamburgo.

Según puntualizan los expertos consultados no toda la diferencia en este caso se debe a la discriminación manifiesta. Las mujeres trabajan más a tiempo parcial y tienen menos puestos directivos. También suelen trabajar más en industrias con salarios bajos. En Alemania, el 85% de los limpiadores son mujeres, frente al 18% de expertos en tecnologías de la información. Pero incluso teniendo en cuenta estos factores, alrededor de un cuarto de la brecha salarial sigue sin explicación, insisten las fuentes consultadas.

Islandia, el modelo a seguir

Islandia es otro ejemplo. Encabeza el ranking mundial en igualdad de género, según un informe del Foro Económico Mundial. Desde el pasado 1 de enero se ha convertido en el modelo a seguir en cuestiones de igualdad: ha sido el primero en prohibir por ley que los hombres cobren más que las mujeres en iguales trabajos.

La ley que ha entrado en vigor este mes en este país establece que la diferencia salarial por género es ilegal tanto en empresas privadas como en públicas de más de 25 trabajadores. Para ello, el Gobierno someterá a auditorías a las compañías, estableciendo sanciones para las que incumplan la medida y exigiendo a todas un «certificado de igualdad salarial».

Expertos en igualdad de género del país se han felicitado por la medida y esperan que la legislación islandesa anime otros países para abordar el problema. Islandia, sin embargo, tiene un largo camino por recorrer. La primera ministra, Katrin Jakobsdottir, marca 2022 como fecha para acabar con la brecha salarial en un país en el que, pese a estar por encima de la media, solo el 38% del parlamento está constituido por mujeres.

UGT intenta concienciar

En España, el sindicato UGT lleva años exigiendo una ley de igualdad salarial y en 2017, por segundo año consecutivo, lanzó la campaña «Yo trabajo gratis». El objetivo del sindicato es concienciar sobre la discriminación por razón de sexo, que tiene gran repercusión en los salarios de la mujeres y que va a acentuarse más allá de su vida de laboral, durante su etapa de jubilación.

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Xixón Sí Puede reclama «cordura» en los sueldos de los cargos públicos municipales

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«Las instituciones deben permanecer siempre con un pie en la calle, no es de recibo cobrar salarios que están muy lejos de lo que percibe la mayor parte de la ciudadanía, y además a costa de los impuestos de todos». Después de que esta semana el Ministerio de Hacienda publicara un informe en el que indicaba que la alcaldesa de Gijón es la que más cobra de Asturias (64.945 euros anuales), el portavoz municipal de Xixón Sí Puede, Mario Suárez del Fueyo, pidió «volver a abrir la reflexión sobre la retribución de los cargos públicos» y recordó que al inicio del mandato su grupo propuso sin éxito limitarlos a 1.950 euros al mes. «Esperemos que en la próxima legislatura impere la cordura».

Qué hay que hacer en política para asegurarte la pensión o un sueldo de por vida

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Las declaraciones de Celia Villalobos, la presidenta de la comisión del Pacto de Toledo y diputada del PP, agitaron esta semana el debate sobre las pensiones. “Hay ya un número importante de pensionistas que están más tiempo en pasivo, es decir cobrando la pensión, que en activo, trabajando”, dijo sin datos que lo sustentaran. La situación que expuso la diputada parece bastante atípica a ojos de los expertos consultados. En el caso de los políticos, sí existen algunos cargos en los que por el mero hecho de ocuparlos, les garantizan una pensión futura o unas atribuciones mensuales. 

La ley en España establece que para cobrar la pensión contributiva completa se han de haber cotizado como mínimo 35 años y la edad de jubilación está establecida en la actualidad en los 65 años. Como mínimo, deben cotizarse 15 años para poder optar a una pensión contributiva de jubilación, de menor cuantía, de tan solo la mitad de la base reguladora. Sin embargo, algunos cargos políticos permiten a sus protagonistas recibir pensiones sin seguir estos plazos.

Más de un centenar de ex parlamentarios ya jubilados consiguen redondear sus pensiones hasta alcanzar la máxima que contempla la ley (algo más de 2.500 euros al mes en 14 pagas) a cuenta de los presupuestos del Congreso y del Senado. Estos complementos se eliminaron en 2011, pero no con carácter retroactivo por lo que aún beneficia a algunos diputados.

Los privilegios materializados en pensiones y sueldos vitalicios –o muy extendidos en el tiempo– tienen como principales beneficiarios a los ex presidentes de Gobierno, tanto estatales como regionales. Hay Comunidades Autónomas que no tienen reconocido ningún o casi ningún derecho a que sus ex dirigentes reciban retribuciones económicas. Son Andalucía, Asturias, Aragón, Baleares, Cantabria, Canarias, la Comunidad de Madrid, La Rioja y Murcia, aunque algunas han pasado a engrosar esta lista en los últimos años, en medio de las medidas a favor de la austeridad de los ejercicios más afectados por la crisis económica. 

A continuación, un recorrido por las diferentes Comunidades así como por los distintos cargos que pueden ostentar los políticos y que abren las puertas a un futuro aliviado por sueldos y/o pensiones. En algunos casos, aunque las regiones no les han garantizado un retiro dorado a sus ex dirigentes en forma de jubilación, sí les han provisto del acceso a importantes sumas a través de los Consejos Consultivos, órganos consultivos de cada región similares al estatal Consejo de Estado.

Ex presidentes de Gobierno

Según explican fuentes del Ministerio de Hacienda, los únicos cargos políticos con una asignación de por vida al dejar el cargo son los presidentes del Gobierno. Reciben una dotación para gastos de oficina, atenciones de carácter social y, en su caso, alquileres de inmuebles, en la cuantía que se consigne en los Presupuestos Generales del Estado. “Actualmente la cantidad que percibe cada uno de los tres ex presidentes asciende a 90.155,00 euros, la cual se hace efectiva trimestralmente, mediante libramiento en firme, y sujeta a la correspondiente retención a cuenta de IRPF”, detallan las mismas fuentes.

Además, los ex presidentes tienen reconocidos otros servicios en el Estatuto de Ex Presidentes del Gobierno, como dos puestos de trabajo de libre designación, automóvil con conductor, así como la seguridad que estime oportuna Interior. También tienen garantizado el “libre pase en las Compañías de transportes terrestres, marítimos y aéreos regulares del Estado”.

Por otro lado, ser ex presidente del Gobierno central también concede el derecho a formar parte del Consejo de Estado, un puesto que está remunerado con 75.000 euros anuales y que es incompatible con la empresa privada. Si lo desean, los ex dirigentes pueden acceder a la condición de “consejeros natos” de Estado con carácter vitalicio. En 2012, el Gobierno aprobó un real decreto que obligó a elegir entre una o otra remuneración, porque incluía la incompatibilidad entre “cualquier prestación económica prevista con ocasión del cese en un cargo en el sector público” y una segunda retribución “con cargo a presupuestos públicos”.

En la actualidad, ningún ex presidente forma parte del Consejo de Estado, después de que en 2015 José Luis Rodríguez Zapatero dejara de formar parte de él al fichar por una ONG alemana. El ex dirigente del PSOE renunció a los cerca de 100.000 euros anuales (con dietas y pluses) que cobraba en ese momento del Consejo asesor.  José María Aznar fichó este año por el bufete más grande del mundo y Felipe González no ha querido formar parte por el momento de este órgano.

Eurodiputados

Los eurodiputados tienen derecho a percibir una pensión de jubilación al cumplir los 63 años de edad, a cargo del presupuesto de la UE. Esta retibución será el 3,5% del sueldo por cada ejercicio anual completo de un mandato, pero no superior al 70% en total. Es decir, que si un eurodiputado completa cinco años de un mandato, será del 17,5% del sueldo. El salario mensual antes de impuestos que perciben los diputados de la Eurocámara es de 8.484,05 euros ( julio de 2016). Los eurodiputados tienen acceso además a la pensión española, si han cotizado los suficientes años para ello.

Además, los parlamentarios europeos contaban con un plan de pensiones complementario, introducido en 1989, pero que se cerró a nuevos participantes en julio de 2009 y ahora “se está suprimiendo gradualmente”, recoge la Eurocámara.

Catalunya

La Comunidad Autónoma es la región con más cargos políticos que tienen al alcance un retiro apoyado por las arcas públicas. Es el caso de los ex presidentes de la Generalitat y los del Parlament. En el primer caso, Jordi Pujol aprobó en 2003, unos meses ante de dejar el cargo de presidente tras 23 años,  una ley que garantiza a partir de los 65 años una “pensión vitalicia” con una asignación mensual del 60% del sueldo mensual del president. Además, su cónyuge viudo, llegado el caso, tiene derecho a percibir una pensión vitalicia equivalente al 50% de la que correspondería al fallecido. Y, en caso de muerte del cónyuge viudo, “la pensión debe beneficiar en la misma cuantía a los hijos menores hasta que alcancen la mayoría de edad”, indica la ley.

La pensión vitalicia de un ex president es incompatible a otra remuneración a la que tienen derecho: una asignación mensual del 80% del sueldo de presidente en ejercicio durante la mitad del tiempo que permaneció en el cargo y, como mínimo, por una legislatura. Además, tiene derecho a una oficina con los medios necesarios para su funcionamiento.  Jordi Pujol renunció a estos privilegios en 2013 después de confesar que mantuvo una herencia millonaria sin declarar en el extranjero. Percibía unos 82.100 euros anuales (5.864 euros en 14 pagas) en concepto de la pensión vitalicia.

Por otro lado, los ex presidentes del Parlament que ostentan el cargo durante dos años como mínimo también tienen a su alcance varias retribuciones, similares a las del líder del Govern. Desde el año 80, a partir del cual tiene efecto la norma, todos los presidentes de las Cortes catalanas han estado más de dos años en el puesto. Carme Forcadell es la que entra en el supuesto de manera más justa, porque dirigió la Cámara durante dos años y tres meses. Según la norma –firmada también por Jordi Pujol–, se garantizó en estos casos una pensión de jubilación a partir de los 65 años que asciende al 60% del sueldo mensual que corresponda al presidente del Parlament en ejercicio. Los cónyuges viudos también tienen acceso al 50% de la pensión que correspondería al fallecido.

Además, tras dejar el cargo los presidentes también tienen derecho a una asignación mensual del 80% del sueldo de presidente de la Cámara. Pero en este caso se puede alargar hasta un máximo de 24 mensualidades. Esta prestación y la de jubilación son incompatibles entre sí.

El ex president de la Generalitat, Jordi Pujol. EFE

Comunidad de Madrid

La Comunidad de Madrid en la actualidad no tiene “ningún cargo político que tenga derecho a una pensión vitalicia”, explican desde el Gobierno regional. En diciembre de 2015, la presidenta Cristina Cifuentes eliminó por ley el Consejo Consultivo, que daba acceso a un cargo con carácter vitalicio para los ex presidentes de la región y al que accedió unos meses antes el ahora encarcelado Ignacio González. La supresión “estaba recogida en el acuerdo de gobierno con Ciudadanos”, explican las mismas fuentes. Cifuentes se comprometió a regular un estatuto para los ex presidentes madrileños, que se ha ido posponiendo.

El Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid lo creó Esperanza Aguirre, a través de una ley en 2007. Recogía el derecho de los ex presidentes madrileños a formar parte como consejeros permanentes, con “carácter vitalicio”. Según la norma, las retribuciones eran las previstas para los consejeros de la Comunidad de Madrid. En 2014, la cifra rondaba los 8.500 euros brutos mensuales, a cargo del presupuesto regional. Tuvieron acceso a estos salarios, Alberto Ruiz-Gallardón, después de abandonar el Gobierno de Rajoy tras su fallida reforma de la ley del aborto, así como el socialista Joaquín Leguina e Ignacio González. Esperanza Aguirre renunció al puesto y a la retribución. 

Andalucía

Andalucía fue otra de las regiones que dotó a sus presidentes con una jubilación por el hecho de haber ocupado la Presidencia de la Junta. En 2005, Manuel Chaves firmó la ley que daba lugar al  Estatuto de los ex presidentes andaluces, para que “una vez cesados gocen de la consideración, distinción, dignidad y decoro que corresponden a las altas funciones ejercidas, y dotarles, a ese propósito, de una serie de medios de apoyo que les permitan seguir poniendo su experiencia al servicio de la Comunidad”. El Estatuto les otorgaba el derecho a una asignación mensual a partir de los 65 años, equivalente al 60% del sueldo del presidente en cada ejercicio.

En el Gobierno regional recuerdan que así fue “hasta el año 2012” cuando se derogó este punto. Fue el sucesor de Chaves, José Antonio Griñán, el que en diciembre de 2011 firmó la ley que suprimió los artículos 2 y 3 de la norma del Estatuto, eliminando la retribución mensual prevista en los mismos.

Comunidad Valenciana

La Comunidad Valenciana no reconoce derecho a una pensión garantizada para sus ex presidentes, pero sí otros privilegios. En el Estatuto de 2002 se recoge su opción de ostentar el cargo de “miembro permanente” del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana. Los miembros permanentes ejercen su puesto sin límite temporal, con carácter vitalicio.

Por el momento, solo el ex presidente Francisco Camps, investigado en varias causas de corrupción, es miembro del Consejo Jurídico Consultivo. Según declaró Camps a las Cortes en 2012, percibió 52.172 euros anuales por su labor de consejero, en la que tiene voz pero no voto. Además, los ex presidentes valencianos tienen derecho a “los medios necesarios para el sostenimiento de una oficina de apoyo”, con dos puestos de trabajo para asesores y una plaza de conductor.

Francisco Camps y Ricardo Costa durante el juicio de los 'trajes'

Francisco Camps, a la derecha, junto a Ricardo Costa durante el juicio de los ‘trajes’

Extremadura

En 2014, José Antonio Monago eliminó por ley las retribuciones para el retiro que contemplaba el Estatuto de los ex presidentes de la Junta, de 2007, firmado por Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Se acababa así con unas prestaciones casi calcadas a las que están en vigor en Catalunya: una pensión vitalicia, a partir de los 65 años, del 60% del sueldo de presidente de la región; con el derecho del cónyuge viudo a una pensión del 50% de la que le correspondería a su pareja fallecida; y una asignación mensual tras su cese del 80% del salario, durante la mitad del tiempo que hubiera permanecido en el cargo y, como mínimo, por una legislatura completa.

En la actualidad, los ex presidentes no tienen retribuciones específicas por haber ocupados sus cargos, aunque sí mantienen personal a su cargo que corre a cuenta de las cuentas públicas. Los gastos de las oficinas de ex presidentes ascendían a 167.235 euros anuales en agosto de 2017. Además, los ex dirigentes también tienen derecho a formar parte del Consejo Consultivo como miembros permanentes, aunque con más condiciones que en otras autonomías: deben haber estado en el cargo durante un mandato completo y su participación en el Consejo solo puede alargarse la mitad del tiempo en el que desempeñaron su cargo.

Galicia

En Galicia, aunque los ex presidentes no tienen derecho a una pensión, tienen acceso a ser miembros natos del Consejo Consultivo gallego, que les puede garantizar retribuciones cuantiosas hasta los 75 años. Su incorporación inicial al órgano consultivo puede producirse en cualquier momento, pero en todo caso antes de cumplir esa edad (75). Aquí el cargo no es vitalicio: ejercerán su mandato por un período de seis años si fueron presidentes de la Xunta durante cuatro o menos años, y por un período de 12 años si lo fueron durante más tiempo. El sueldo es de 64.067,04 euros al año (4.576 euros si consideramos 14 mensualidades), según la última información disponible. En la actualidad, solo ocupa este cargo el ex presidente socialista Fernando Ignacio González Laxe.

Además, los ex dirigentes de la Xunta tienen derecho a cobrar un sueldo durante los dos años siguientes a dejar el cargo, que  suponía en 2015 el 60% del sueldo que percibían en activo, en torno a los 76.000 euros anuales.

Navarra

Los ex presidentes navarros no tienen derecho a una pensión de jubilación por haber ostentado su cargo. Sí tienen acceso en cambio a otro privilegio: durante dos años como máximo cobrarán un sueldo del 80% del salario que tenían en el Ejecutivo en el momento del cese. Para calcular el periodo en el que cobrar la prestación, los ex dirigentes deben tomar la mitad del tiempo que desempeñaron el puesto (hasta un máximo de cuatro años computables).

Euskadi

En Euskadi, una medida diseñada en los primeros años de la autonomía vasca permite que el Gobierno vasco pague aún el complemento de pensiones a 66 ex altos cargos, incluidos dos lehendakaris.

En su día, como informó Eduardo Azumendi, se interpretó que tanto los miembros del Gobierno de Euskadi de 1936 como de los primeros Ejecutivos posteriores a la dictadura no tuvieron posibilidades de cotizar para alcanzar la pensión máxima por las circunstancias políticas del país. Por ello se les garantizó el derecho de percibir un complemento de pensiones con cargo a las arcas públicas para garantizarles un 50% del salario actual del puesto que ocuparon en el pasado. Los últimos beneficiarios conocidos eran, según el portal de transparencia del Gobierno vasco, dos lehendakaris, un exvicelehendakari, 38 exconsejeros y 25 exviceconsejeros. Esta pensión es vitalicia siempre que se haya estado dos años en el cargo y pueden solicitarla también sus familiares, si bien una reforma de 2012 restringió el acceso.

A partir de entonces, se reservó el derecho de este complemento para pensiones para los ex lehendakaris que cumplieran al menos dos años en el cargo, cuyo título es vitalicio y que también pueden contar con oficina, personal de apoyo y vehículo con conductor, pero se eliminó esta prestación para los consejeros con la salvedad de aquellos mayores de 60 años en tanto que no tenían margen para reencauzar su vida laboral. También está contemplado el derecho a la pensión de jubilación de la viuda del lehendakari y de sus descendientes huérfanos.

Según la información del Portal de Transparencia, con datos de 2014, el nivel salarial de un “lehendakari pensionista” [sic] son 48.759,42 euros. Ése no es exactamente el dinero que aporta el Gobierno, ya que la Administración vasca sólo costea la diferencia entre esos umbrales y las pensiones reconocidas por la Seguridad Social de cada uno de los beneficiarios. 

Cantabria

Cantabria es otra de las comunidades que restó privilegios a sus ex presidentes, gracias a una decisión que afectaba a todos los ex diputados. Fuentes del Gobierno regional recuerdan que “en Cantabria no hay ningún cargo público” con acceso a pensiones ni sueldos vitalicias. En el pasado, la Comunidad contaba con un complemento para la jubilación de los ex parlamentarios (entre los que se hayan los ex presidentes) que permitía que alcanzaran la pensión máxima. Los complementos fueron eliminados en 2012 por el Parlamento cántabro, bajo el mandato de José Antonio Cagigas (PP).

Antes de su supresión, la partida de complementos de las pensiones suponía algo más de 100.000 euros anuales en los gastos de la institución parlamentaria cántabra. A esta opción se acogió cuando estaba en vigor Juan Hormaechea, ex presidente de Cantabria y ex alcalde de Santander. Hormaechea, el primer dirigente de una comunidad autónoma condenado por delitos cometidos en el ejercicio de su cargo, fue declarado culpable de malversación de caudales públicos y prevaricación. El político fue uno de los ex diputados que recurrió a los tribunales para intentar garantizarse el complemento de la pensión, pero la justicia no le dio la razón.

Castilla y León

La Comunidad no contempla pensiones vitalicias de sus ex presidentes, sin embargo sí les da la opción de formar parte del Consejo Consultivo de la región hasta muy avanzada edad, más allá de la edad de jubilación: hasta los 70 años. Por el hecho de haber sido presidentes autonómicos, los políticos pueden acceder como miembros natos a este órgano, con salarios anuales de 73.331,66 euros. La asignación mensual el pasado año para los consejeros fue de 5.420,20 euros, más extras, según publica el propio organismo.  El cargo es incompatible con cualquier otra dedicación o retribución, pública o privada, siempre que no tenga que ver con la docencia y la investigación.

Las normas que rigen el Consejo  fueron modificadas en 2011 bajo el mandato del ‘popular’ Juan Vicente Herrera (aunque no afectan con carácter retroactivo a los presidentes que finalizaron su mandato antes de su entrada en vigor): se eliminó la posibilidad que los nuevos consejeros natos alargaran su participación hasta los 75 años y se limitó el acceso a este derechos a los ex presidentes que accedan al cargo al comienzo de una legislatura.

En la actualidad, no hay ningún expresidente en el Consejo Consultivo. Formaron parte de este hasta cumplir el máximo por edad, dos ex dirigentes socialistas: José Constantino Nalda –que solo fue presidente de la región durante ocho meses– ostentó el cargo de consejero nato más de una década, entre 2003 y 2014; así como Demetrio Martín López, al frente del Gobierno solo tres años (dimitió tras su imputación en el ‘caso Pekus’, del que más tarde fue absuelto) y miembro nato del Consejo de 2004 a 2011.

Castilla-La Mancha

En Castilla-La Mancha no hay asignaciones garantizadas para la jubilación de los ex presidentes de la región, pero sí algunos privilegios. José Bono, presidente de la Comunidad Autónoma durante 21 años, aprobó en el año previo a su salida  una ley que da derecho a los ex presidentes a “una Secretaría de apoyo, dotada con dos personas; un local de oficina con los medios adecuados; un conductor; un automóvil de representación perteneciente al parque móvil de la Junta de Comunidades y un Servicio de seguridad y protección personal”. Todo a cargo de los presupuestos de la región durante un periodo equivalente al tiempo de desempeño del cargo de Presidente.

Bono ha sido el único ex presidente que se ha beneficiado de este servicio, hasta enero de 2016, cuando se comprometió por escrito a renunciar a ello, así como José María Barreda. Sin embargo, pese a los intentos del PP y Podemos, la ley sigue recogiendo el derecho de los ex dirigentes regionales a estos servicios.

Además, los ex presidentes de la Junta que hayan ocupado el cargo más de seis años (es el caso de los socialistas Bono y Barreda) tienen derecho a formar parte del Consejo Consultivo manchego, como miembros natos, durante un periodo de tiempo igual a su Presidencia. En el caso de Bono, 21 años, con la posibilidad de interrumpirlos y reanudarlos si quiere dedicar a otra actividad incompatible con este cargo. Las remuneraciones por el cargo de consejero en el órgano consultivo son las que se “fijen respectivamente para los Consejeros y Viceconsejeros del Gobierno Regional”. Además, todos los miembros del Consejo tienen derecho a percibir “las dietas, gastos y compensaciones que determine su reglamento orgánico”, según su normativa.

Bono cree que "deberían caer cabezas de los que han hecho acoso laboral a la comandante"

El expresidente de Castilla-La Mancha y expresidente del Congreso, José Bono. EFE

La Rioja

La Rioja tampoco reconoce el derecho de sus ex presidentes a una pensión y es otro ejemplo de las regiones que dieron marcha atrás en cuanto a los beneficios disponibles para sus ex presidentes. En este caso, Pedro Sanz (PP) –presidente de la región desde 1995 a 2015– estableció por ley unos privilegios que más tarde derogó, en 2012, fruto de las medidas de restricción del gasto. La norma, que no llegó a beneficiar a ningún presidente porque no actuaba con carácter retroactivo, estableció el derecho a cobrar una prestación equivalente a 45 días por cada año en el cargo, durante un mínimo de un año y un máximo de cuatro.

​Ninguna mejoría en camiones urbanos

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Fuente: Alerta de Google - Sueldos Salarios

La inversión de empresarios en transporte de sus trabajadores podría destinarse a mejorar los salarios

Por Laura Elena Rivera Manzanares
Aguascalientes, Ags. (OEM-Informex).- Las pérdidas por productividad de las empresas y tener que invertir en transporte para sus trabajadores, obliga a que no quiten el dedo del renglón al exigir un mejor servicio de transporte colectivo.

Francisco Javier Ruiz López, presidente de la Coparmex, manifestó que las empresas que prestan el servicio de transporte a sus trabajadores invierten en ello, que de evitarlo, les permitiría mejorar hasta en un 20% más los salarios.

Criticó que se tengan proyectos, promesas e inclusive planes de movilidad, pero no se ha podido poner fin al colapso a que se enfrenta el sistema de transporte público, “vemos como en la carretera de 45 en las mañanas y tardes está lleno de transporte privado para el traslado de trabajadores”.

El hablar de una inversión de 20% ya sea del salario directo del trabajador o la aportación que hace la empresa que presta el servicio de transporte, es dinero que se podría pagar más y mejorar los sueldos, “es decir, un trabajador de las fábricas que prestan el servicio de transporte, podrían estar ganando 20% más si la empresa no tuviera que gastar en eso”.

Esto sin tomar en cuenta que hay trabajadores que llegan a tardar unas dos horas, primero en la espera del camión y luego en el recorrido para llegar a su lugar de empleo, lo que hace que la inversión en el servicio que reciben, no sea equitativo.

Esto porque hay trabajadores que además dejan de producir en la empresa donde se desempeñan por retardos o faltas porque el camión tardó demasiado en pasar o hacer su ruta, y que a pesar de haber permanecido en espera, no les alcanzó el tiempo para ser puntuales y tienen que faltar.

Si bien la empresa que tiene retardos entre sus trabajadores o faltas tiene pérdidas en cuanto a producción e incumplimiento de contratos hacia sus clientes, lo que se busca es que trabajadores, estudiantes y en general la población, disfrute de un mejor servicio.

Ahora bien, recalcó que es un tema que no se resuelve sólo con el cambio de unidades, sino que se requiere un proyecto integral y explorar otras alternativas, como es el sistema de trenes, de monorrieles, como se hace en ciudades modernas.

Recientemente estuvo la embajadora de Francia en México, Anee Grillo quien manifestó interés de inversionistas de aquel país por aplicar recursos en materia de transporte aunque sólo es un plan todavía, pero no sería una mala idea cuando se trata de mejorar las condiciones que ahora imperan.

España también quiere multas contra la brecha salarial entre hombres y mujeres

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Fuente: Alerta de Google - Sueldos Salarios

Ellos trabajaban de peones. Y ellas, de limpiadoras. 137 empleadas del Hospital Gregorio Marañón de Madrid denunciaron que sus compañeros, con funciones similares, cobraban más por estar en otra categoría. El Tribunal Constitucional les dio la razón y su caso sentó jurisprudencia: “La categoría profesional es un elemento secundario cuando se constata la esencial identidad en la prestación laboral”. Era principios de los años 90 del pasado siglo y, a igual nivel de estudios y de trabajo realizado, las españolas cobraban de media un 20% menos que los hombres. Casi 30 años y una Ley de Igualdad más tarde, la brecha salarial y el goteo de sentencias persisten. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias anuló en noviembre el reparto de pluses de productividad diferentes en un hotel de Tenerife a las camareras de piso (mujeres) y los camareros de sala (hombres) que recibían 139 euros frente a 640 euros de complemento, respectivamente.

España lleva más de tres años ignorando las recomendaciones que lanzó Europa en 2014 para alcanzar la igualdad salarial. Hasta ahora. Tres de los grandes partidos —PSOE, Podemos y Ciudadanos, que suman mayoría absoluta— quieren prohibir la brecha por ley y aplicar sanciones, como ya ha aprobado Islandia. Todos preparan propuestas de ley. El PP, que no prevé un texto específico propio, defiende la transparencia y las auditorías y está “abierto a estudiar la posibilidad de las sanciones”.

La realidad laboral española no es una excepción y ni siquiera es la que sale peor en la foto. Las diferencias en sueldos y reconocimiento a las trabajadoras persisten en todo el mundo y, al ritmo actual, las brechas (en plural) tardarán más de 100 años en cerrarse. La provocada porque ellas acaban en trabajos peor remunerados y asumen con más frecuencia un recorte de jornada para conciliar. Pero también la que, como en el caso de los peones y las limpiadoras, supone que una mujer y un hombre cobran distinto por trabajos y formación equiparables.

Hay países que han abierto camino. En Alemania -donde el ingreso bruto por hora trabajada es un 22% menos para las mujeres frente al 14,9% de España- una nueva ley obliga desde enero a las grandes empresas a informar a sus empleadas de cuánto ganan sus compañeros hombres con un trabajo similar. En Reino Unido, las firmas a partir de de 250 empleados deben publicar por primera vez su brecha salarial antes de abril. Islandia ha ido más lejos, con auditorias obligatorias en empresas de más de 25 trabajadores. Si un hombre y una mujer reciben una retribución diferente para el mismo trabajo, la empresa donde ocurra se enfrentará a sanciones económicas aún por definir.

Podemos defiende auditorías en las empresas a partir de 10 empleados

Y esa es la senda que siguen los partidos españoles. Unidos Podemos-En Marea es el que lleva más trabajo hecho con un texto ya registrado: la Proposición de Ley por la Igualdad Retributiva entre Hombres y Mujeres, de 35 páginas. La iniciativa, pendiente de fecha para su debate en el pleno, modificaría hasta 10 normativas, desde el Estatuto de los Trabajadores a la Ley Reguladora de Jurisdicción Social. Las empresas estarían obligadas a hacer auditorías y, si las mujeres perciben desde un 20% menos, se considerará discriminatorio, lo que obligaría a igualar los salarios al alza y podría acarrear incluso indemnizaciones por daños y perjuicios.

Romper la barrera de la opacidad

Yolanda Díaz, diputada de En Marea, destaca que el primer paso es obtener datos,“romper la barrera de la opacidad” porque difícilmente se puede combatir la injusticia salarial si no se dimensiona. Su propuesta prevé auditorias en empresas a partir de 10 trabajadores, pelear las sanciones permitiendo que asociaciones feministas puedan personarse en los casos.Y obligar a que haya órganos paritarios tanto en los comités de empresa como en los sindicatos, para una negociación más plural. Pese a la Ley de Igualdad, solo uno de cada cuatro convenios incluyen medidas por la igualdad salarial.

El PSOE propone mejorar la inspección y “activar la justicia”

Todo el Congreso respaldó en octubre una moción que insta al Gobierno a garantizar que las empresas de al menos 50 trabajadores informen periódicamente de la remuneración media por categoría de trabajador o puesto, desglosada por sexos. Y a auditorías salariales en empresas de más de 250 empleados.

Sara de la Rica, catedrática de Economía de la Universidad del País Vasco e investigadora asociada a Fedea, alerta de que las medidas de transparencia se deben centrar en la letra pequeña. No solo hay que revisar el salario base, sino los complementos salariales por nocturnidad, horas extra, fin de semana… “Entre un hombre y una mujer en la misma empresa y categoría ocupacional, con el mismo salario base e idéntica antigüedad en el puesto, persisten las desigualdades salariales por el componente variable que supone de media el 35% del salario total y por el que los hombres ganan un 50% más que las mujeres”.

Sin plan de igualdad en el Congreso

“Si no se puede pleitear y obligar a la equiparación, descubrimos la desigualdad pero todo queda en manos de cada trabajadora”, resume la exministra Carmen Calvo, secretaria de Igualdad del PSOE. Su iniciativa, que  aún no es pública, incluye mejoras en la inspección de trabajo o mecanismos para “empezar a activar la justicia”.

Ciudadanos está revisando para su propuesta la forma jurídica que se debe dar a las sanciones

Ni siquiera el Congreso de los Diputados ha publicado en 10 años un plan de Igualdad como recogía la Ley de Igualdad de 2007. “Es una buena normativa, pero no se cumple. Y ese es el problema. Hay que ir más allá y establecer sanciones”, comparte la diputada Patricia Reyes, de Ciudadanos. La comisión para elaborar esa guía que garantice la misma participación y trato a todos los trabajadores de la Cámara baja se activó en octubre. Ciudadanos, que también prepara una propuesta de ley, está revisando sobre todo la forma jurídica que se debe dar a las sanciones.

El Gobierno ya estudia cómo hacer auditorias salariales a las empresas. Carolina España, diputada del PP, explica que es una negociación abierta con empresarios y sindicatos. “Todo lo que sea avanzar en este camino lo vamos a apoyar”, asegura. “Estamos abiertos a estudiar la posibilidad de sanciones”.

“Todo lo que sea avanzar en este camino lo vamos a apoyar”, aseguran desde el PP

Los partidos prevén que 2018 será un año decisivo para acortar la brecha salarial. Sara de la Rica advierte de que, además de entusiasmo, hacen falta voluntad y medidas muy claras. “Si se opta por el modelo islandés, hay que definirlo muy bien y eso no es fácil”. Tan claras como para que, cuando pasen 30 años, las sentencias que equiparan a limpiadoras y peones (o a camareros y camareras) no sigan haciendo falta.

“Falta voluntad para detectar y corregir de forma inmediata”

Ana Bujaldón.Ana Bujaldón.

“El talento debe ser recompensado”, reclama Ana Bujaldón, empresaria de marketing y publicidad desde hace 35 años y presidenta de la federación de mujeres directivas Fedepe. Denuncia que el avance insuficiente contra la brecha salarial se debe en gran parte a la falta de interés: “El Gobierno y las instituciones han puesto en marcha herramientas de autodiagnóstico invitando a las empresa a comprobarlo, pero falta conciencia y voluntad para detectar y corregir de forma inmediata”. Y añade que “la gran barrera” es la incredulidad del mundo empresarial: “Lo he vivido en primera persona, hablas de la brecha y te dicen que no existe. Una vez que pasas la barrera de la negación, se puede seguir avanzando. Tenemos a mujeres con un nivel retributivo por debajo de su mérito y capacidad. Es un agravio comparativo que les influye durante toda la vida laboral y en su jubilación”.

Bujaldón comparte que la solución pasa por modelos como el islandés, con sanciones a las empresas con altos índices de discriminación. “Como empresaria defiendo la libertad de actuación, pero si hablamos de algo tan serio  como la brecha salarial, creo que sería razonable un  periodo voluntario y, si no cumples, una multa. Es la misma lógica que si no pagas el IBI u otros impuestos. Las cosas por si solas no cambian”.

“Lo que persiste de fondo es que se sigue pensando que el sueldo del hombre es el principal sustento y el de la mujer, un complemento”, añade. Y cita un informe reciente del Foro Económico Mundial (WEF) que señala que se podría aumentar el PIB mundial en 5,3 billones para 2025 si la brecha de género referida a la participación económica mejorase un 25% en ese periodo. O dicho con sus propias palabras: “Contar con las mujeres es un buen negocio”.

Pedro Sánchez exige “reconstruir” el Pacto de Toledo para vincular el aumento de las pensiones …

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Fuente: Alerta de Google - Sueldos Salarios

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha exigido “reconstruir” el Pacto de Toledo para que las pensiones vuelvan a ligar su aumento al incremento del Índice de Precios al Consumo (IPC), de modo que los pensionistas no pierdan capacidad de compra. Al respecto, ha señalado que existen “gastos” que deberían estar contemplados en los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

En una asamblea en Elche (Alicante), en el Centre de Congresos ante unas 300 personas, Sánchez ha abordado la situación de las pensiones en España y ha criticado que el Gobierno de Mariano Rajoy haya tenido que solicitar un crédito de 15.000 millones para afrontar el pago de las pensiones este 2018.

En ese sentido, ha explicado que el PSOE es consciente de que no se pueden seguir pagando mediante créditos y ha propuesto financiar vía PGE e impuestos especiales, como el extraordinario a los beneficios de la banca, algunos de los gastos del Estado del Bienestar.

Se trata de uno de los diez acuerdos de Estado que el PSOE trabaja en estas ‘Asambleas Abiertas’ y a los que dará forma en el plazo de seis meses, antes de elevarlos a la consideración del Congreso de los Diputados. Así, ha confiado en que PP, Ciudadanos y Podemos los respalden.

En materia de pensiones, Sánchez ha reclamado un aumento de los salarios en España, porque implicarían más cotizaciones a la Seguridad Social y así habría “más ingresos”.

Además, ha defendido nuevas “vías alternativas de financiación” y ha lamentado que quien ha “esquilmado el Fondo de Reserva de la Seguridad Social” sea a quien “no le gusta” que se hable de poner impuestos a la banca.

Su propuesta habla de dos nuevos impuestos: “Por transacciones financieras, en torno a 1.000 millones al año”, y lo que ha definido como “rescate por rescate”, de modo que el sistema financiero ayude a “rescatar al sistema público de pensiones”.

“DE JUSTICIA SOCIAL, NO DE DERECHAS O IZQUIERDAS”

Pedro Sánchez ha razonado, ante las críticas, que un impuesto a los beneficios bancarios ha sido ya implementado por un “gobierno conservador” en el Reino Unido, porque “quizás es de justicia social”. “No de derechas o izquierdas. Queremos proteger el Fondo de Reserva de la Seguridad Social”, ha enfatizado.

“Si no están a favor de la subida de las cotizaciones, sueldos e impuestos extraordinario a la banca; que expliquen cómo sostener el sistema público de pensiones, ¿dónde está la propuesta de ellos?”, ha planteado.

Bajo el mismo prisma, ha sostenido que el objetivo del PSOE es alcanzar los 1.000 euros al mes de Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en 2020. En un “reparto equitativo de la riqueza” y de lucha “contra la precariedad laboral, si se hace todo eso se garantizará el sistema público de pensiones”.

BANDERA DE LA EDUCACIÓN

Por otro lado, el secretario general del PSOE ha defendido que se puede ser patriota “defendiendo una bandera”. “Pero nuestra bandera y patria está en las aulas de colegios públicos y en la camas de hospitales públicos. Y en las pensiones que pusimos en marcha”, ha remarcado, para poner como ejemplo que el gasto social supone el 34% del gasto público total.

Ha negado, no obstante, que se tenga que renunciar a la calidad en el empleo para crear nuevos puestos de trabajo, al tiempo que ha expuesto que el 14% de los trabajadores no llega a final de mes o que el 24% de los jóvenes con trabajo son pobres.

Finalmente, ha considerado que España tiene como desafío con el incremento del número de pensionistas en el corto plazo por la jubilación del ‘baby boom’. Ha lamentado sobre esto que las pensiones “más bajas no han crecido en estos seis años” de Gobierno del PP y ha demandado luchar contra “el riesgo de pobreza” de los pensionistas mediante un aumento de las jubilaciones “mínimas frente a las máximas”.

25 de Mayo: docentes reclaman una millonaria deuda por salarios

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Fuente: Alerta de Google - Sueldos Salarios

El abogado Omar Gebreurs hizo la presentación en representación de los cuatro acusados de los delitos de abusos sexuales a niños del JIN 12 de 25 de Mayo, finalmente declarados inocentes.

El abogado Omar Gebreurs, en representación de los cuatro acusados de los delitos de abusos sexuales a niños del JIN 12 de 25 de Mayo -finalmente declarados inocentes- presentaron un reclamo al Ministerio de Educación por el pago de tres años de salarios caídos, que suman 1,5 millones de pesos por cada uno.

Los docentes fueron encarcelados, condenados y echados de sus trabajos, pero el Superior Tribunal de Justicia anuló, a fines del año pasado, la sentencia en su contra y ordenó su liberación. Ahora, pidieron recuperar sus trabajos, la obra social y reclamaron por los sueldos no percibidos durante el proceso judicial. 

La presentación ante el Ministerio de Educación la realizó el abogado defensor Omar Gebruers, quien solicitó: “Frente al fallo del STJ, anule la resolución 6076/15 que los dejó cesantes, sin haberes y sin obra social.

“Pedimos que sean reintegrados al trabajo, en Santa Rosa”. Además, el defensor reclamó por los salarios caídos. Por cada uno, son alrededor de 1 millón y medio de pesos, entre salarios e intereses, no cobrados durante tres años. Incluso se descuenta que se inicie una multimillonaria demanda civil al Estado provincial por daños y perjuicios, luego de haber sido encarcelados y sometidos al escarnio público.
Para dar una respuesta, el Ministerio de Educación, a cargo de María Cristina Garello, puede esperar a que la sentencia quede firme.

Los próximos pasos judiciales sucederán en febrero, cuando se conforme una nueva sala del TIP y se dicte una nueva sentencia. Eventualmente esa sentencia será apelada por los denunciantes y el caso regresará al STJ. Incluso, el caso podría llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y recién ahí la sentencia quedará firme.

Temas en esta nota:

Los 67.000 euros anuales de Moriyón reabren el debate sobre los sueldos de los ediles

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La Voz de Asturias


Gijón

La divulgación la pasada semana de la cuantía de los sueldos de los alcaldes y alcaldesas asturianos -cuya lista encabeza la gijonesa Carmen Moriyón, de Foro, con sus casi 65.000 euros anuales- ha reabierto el debate sobre los emolumentos de los cargos públicos, en particular en la administración local. Al menos, para Xixón Sí Puede, cuyo grupo municipal ha reiterado que los sueldos públicos «deben permanecer siempre con el pie en la calle» y -con las miras en 2019- ha expresado su deseo de que en «la próxima legislatura impere la cordura y los cargos públicos sean capaces de ‘conformarse” con salarios más que dignos que no les hagan olvidar que sus retribuciones han de ser acordes con la sociedad para la que trabajan», en palabras de su portavoz, Mario Suárez del Fueyo.

«No es de recibo cobrar salarios que están muy lejos de lo que percibe la mayor parte de la ciudadanía y además a costa de los impuestos de todos y todas», ha remarcado el edil en un comunicado en el que recuerda que, por parte de su grupo, «hubo propuestas sobre la mesa para frenar el gasto en las retribuciones de los cargos públicos al inicio de la legislatura». XsP pone así otra vez sobre el tapete su rechazada petición del pleno de julio de 2015 de un sueldo que equivaliese al triple del el Salario Mínimo Interprofesional -1.950 euros- y la disminución del número de ediles con dedicación exclusiva. Por el contrario -recuerda Suárez del Fueyo- el resultado de aquella votación la aprobación de una subida del gasto en cargos públicos «un 51,94% respecto a 2011, mientras que con las medidas de XsP se hubiera ahorrado un 21,07%».

Suárez del Fueyo recuerda que «el ahorro hubiera sido de 618.996 euros al año y de 2.500.000  en el conjunto del mandato», y recalca que Xixón Sí Puede «ha sido consecuente con sus propuestas y desde el principio ha renunciado a uno de los salarios con dedicación exclusiva que le corresponderían según lo aprobado por el resto de los grupos». Los ediles con dedicación exclusiva «cotizan al 75% y perciben tres veces el Salario Mínimo Interprofesional», mientras que él mismo, con dedicación exclusiva, «ni cobra salario ni dietas por asistencia a comisiones y órganos municipales».

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Rafael Enrique Chacón

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De mi perspectiva

1.-En primer lugar debo aclarar que los trabajos que he venido presentando sobre la revaluación del Bs.F. (bolívar fuerte), con la colaboración del Equipo de Aporrea.org, no tienen nada que ver con el gobierno vigente. Si toma en consideración mi propuesta y la aplica o practica, bienvenido sea por la salud económica del país y la población.

2.-Algunas de las cosas que trato en este trabajo pasan por mi experiencia desde niño, época del general Eleazar López Contreras, hasta el presente; y también por mis oficios: El autor del trabajo es o fue: Contador general y costos (ASA J. R. Espada y LaSalle); analista de sistemas y programador en lenguajes comerciales de alto nivel (IBM de Venezuela); asesor independiente en auditoría de servicios, sistemas administrativos y sistemas de computación; gerente de contabilidad, gerente de sistemas, y gerente de centros de computación, de grupos y organizaciones empresariales; representante de clientes en Price Waterhouse y Arthur Andersen. Mis……..

© Aporrea

La brecha salarial entre hombres y mujeres: un “robo” del 23 por ciento

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A nivel global, las mujeres ganan de media un 23 por ciento menos que los hombres, una situación que para Naciones Unidas constituye “el mayor robo de la historia”.

El problema, según los datos recopilados por la organización, no distingue de fronteras, sectores, edades ni cualificaciones.

“No hay un solo país, ni un solo sector en el que las mujeres ganen los mismos salarios que los hombres”, explica a Efe la asesora de ONU Mujeres Anuradha Seth.

Según esta agencia, la brecha salarial no se puede explicar por una o dos causas, sino por la acumulación de numerosos factores que incluyen la minusvaloración del trabajo de la mujer, sus tareas sin remuneración en el hogar, su menor participación en el mercado laboral, el tipo de puestos que asumen y la discriminación.

Así, las mujeres ganan menos en general porque trabajan menos horas remuneradas, porque lo hacen en sectores peor pagados o porque están menos representadas en los escalafones más altos de las empresas.

Pero también, simplemente, porque de media reciben sueldos inferiores a los de sus compañeros varones por hacer exactamente el mismo trabajo, según los datos que maneja la ONU.

En conjunto, la estimación de la organización es que por cada dólar que gana un hombre, de media una mujer gana 77 centavos.

Las diferencias entre países, sin embargo, son importantes. Entre los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en la que participan muchas de las economías más avanzadas, hay países con una diferencia menor al 5 por ciento como Costa Rica o Luxemburgo y otros con hasta el 36 por ciento, como Corea del Sur.

Las comparaciones son complicadas, dado que los números bailan en función de la fuente y de la metodología.

En España, por ejemplo, la brecha es del 11,5 por ciento según los datos de 2014 que usa la OCDE y del 24 por ciento a tenor de las cifras de un informe publicado hace un año por el sindicato UGT.

Según los cálculos más recientes de la OCDE, numerosos países ricos tienen una brecha salarial superior, por ejemplo Japón (25,7 por ciento), EE.UU. (18,9), el Reino Unido (17,1) o Alemania (15,7).

La diferencia de salarios entre hombres y mujeres se agrava en general con la edad, especialmente cuando las mujeres tienen hijos.

Las últimas estimaciones apuntan a que con cada nacimiento, la mujer pierde de media un 4 por ciento de su salario con respecto a un hombre, mientras que para el padre los ingresos aumentan alrededor de un 6 por ciento.

Ello demuestra, según explica Seth, que una buena parte del problema es el trabajo familiar no remunerado que las mujeres siguen llevando a cabo de forma desproporcionada.

En África Subsahariana y Asia Meridional, como ejemplo, la brecha salarial de género es de un 31 por ciento y un 35 por ciento, respectivamente, para las mujeres con hijos, en comparación con el 4 por ciento y el 14 por ciento de las mujeres que no los tienen.

Pese a la incorporación de la mujer al mercado laboral durante las últimas décadas, el número de mujeres activas sigue siendo muy inferior al de hombres y, además, en muchos casos la mujer dedica menos horas a su empleo.

Según datos de 2015 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), un 76,1 de los hombres en edad de trabajar forman parte de la población activa, mientras que el porcentaje es del 49,6 % en el caso de las mujeres.

De cara al futuro, la ONU advierte de que al ritmo actual se necesitarán más de 70 años para acabar con la brecha salarial por motivo de género, por lo que ve necesarias nuevas medidas específicas para atacar el problema.

Un juzgado anula el acuerdo plenario que aprobaba los sueldos para cuatro concejales

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Un juzgado anula el acuerdo plenario que aprobaba los sueldos para cuatro concejalesABC

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ProvinciaUna reciente sesión plenaria en el Ayuntamiento de MarchenaUna reciente sesión plenaria en el Ayuntamiento de Marchena – C. G.MARCHENA

La alcaldesa socialista dice que no se anulará porque en otro pleno ya «se le ha dado subsanación jurídica»

MARCHENAActualizado:

El Juzgado de lo Contencioso número 7 de Sevilla ha admitido el recurso del Partido Popular contra el acuerdo del Ayuntamiento de Marchena que fijaba en su día los sueldos para el equipo de gobierno municipal del Consistorio marchamero, en una sentencia, a la que ha tenido acceso ABC que considera que el acuerdo plenario alcanzado es nulo y cuyo coste para las arcas municipales suponían 64.000 euros anuales.

Una sentencia que se une a la que, en su día, dio la razón por este mismo asunto al Partido Andalucista del mismo municipio, aunque la alcaldesa de la localidad, la socialista María del Mar Romero, entiende que, con posterioridad, el Consistorio subsanó las deficiencias que indicaba el juez inicialmente. No obstante, tanto esta sentencia como la anterior han sido recurridas por el Ayuntamiento.

El pleno municipal acordó en su día los sueldos del equipo de gobierno mediante puntos incluidos por vía urgente del pleno, motivo, entre otros, por el que fue llevado a los tribunales. El magistrado entiende en su exposición de motivos que «concurre una evidente causa de nulidad según el artículo 27.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo, ya que no concurrió la mayoría necesaria que existe para la inclusión en el orden del día de un asunto no previsto por la vía de urgencia acordado». Se refiere a que, al ir incluido como urgencia, requiere que todos los concejales presentes la aprueben.

El PP argumentaba que la alcaldesa decidió incluirlo en el pleno sin previo aviso, y que «la inclusión en el orden del día con carácter de urgencia de la propuesta de aprobación tiene un claro vicio de nulidad o en su caso anulabilidad por contradecir manifiestamente lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento de ordenación y funcionamiento del Ayuntamiento de Marchena».

A pesar de la claridad de la sentencia, María de Mar Romero ha sostenido que no se eliminarán los sueldos contemplados en el acuerdo plenario, ya que al polémico acuerdo «se le ha dado subsanación jurídica en otro pleno, donde el asunto se incluyó como ordinario, para evitar las urgencias».

«Si había una duda de legalidad, se ha llevado en el orden del día sin pasar por vía urgente, de modo que todos los concejales presentes conocen los puntos del pleno, y sólo exige mayoría simple», sosteniendo, por último, que «la sentencia no tiene efectos para eliminar los salarios de los concejales».

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Pareja de intendenta Adriana Peña renuncia a compensación salarial

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Fuente: Alerta de Google - Sueldos Salarios

La Junta Departamental tiene los votos para frenar definitivamente todos los aumentos de sueldo en los cargos de confianza.

El director de Vialidad y Arquitectura de la Intendencia de Lavalleja, Gastón Elola, renunció a cobrar una compensación de 27.000 pesos que venía percibiendo desde 2015, por las críticas que recibió el ejecutivo departamental por aumentos de hasta 107% en salarios de cargos de confianza.

El miércoles, Elola presentó una carta a Peña, que además es su pareja. En ella le “exige” solamente su sueldo nominal por el cargo de director de Vialidad. El ejecutivo departamental envió a la Junta Departamental de Lavalleja (JDL) un mensaje de ampliación presupuestario en el que Elola figuraba a cargo de dos direcciones y con dos sueldos, que rozaban los 150.000 pesos cada uno.

En conversación con la diaria, Elola negó que haya cobrado doble sueldo desde 2015. Confirmó haber sido remunerado por “compensaciones” de 27.000 pesos. El jerarca seguirá coordinando el área de Arquitectura hasta que la intendenta lo disponga, pero sin cobrar extra.

La decisión de Elola se fundamenta en “las críticas” que sobrevolaron desde principios de año. También en “burlas” y “recriminaciones”. Elola sintió tocada su honorabilidad en estos días, explica en la carta a la que accedió la diaria. El director de Vialidad dice en la misiva que a su antecesor en el período pasado le pagaban “el doble” de lo que él recibe. En 2015, cuando el cargo en la dirección de Arquitectura quedó vacante, Peña y Juan Estévez, secretario general de la comuna, le pidieron que tomara posesión del puesto. “A pesar de que la retribución no iba a la par con la nueva responsabilidad, la asumí con el desafío de realizar un cambio importante”, señaló el director serrano en su comunicación al ejecutivo departamental.

En conferencia de prensa durante los primeros días de enero, Elola mostró su malestar con las críticas que cosechó del propio Partido Nacional, el Frente Amplio y el Partido Colorado. Se sintió atacado y amenazó con que podría escribir un libro. “No soy rencoroso y tal vez un día empiezo a hacer algún librito, a contar algunas cosas de las cuales alguno se puede sentir molesto”, advirtió. Se defendió diciendo que consiguió “ahorros sustanciales” en rubros relevantes, como “combustible, lubricantes y cubiertas, por ejemplo”.

En los primeros días de enero, la JDL vetó la ampliación presupuestal para los cargos de confianza que proponía el ejecutivo de Peña. El director general de Higiene cobraría un aumento de 42%, pasaría a tener un salario nominal de 119.000 pesos. Los directores de Cultura, Tránsito, Turismo, Deporte y Juventud tendrían aumentos de 37,2% que llevarían sus ingresos de 87.000 a 119.000 pesos. El cargo de ingeniero asesor pasaría a cobrar un aumento de 107%.

Junta levantará veto

En varios medios de comunicación y sucesivas conferencias de prensa, la intendenta defendió la decisión y dijo que no iba a dar marcha atrás. Pero la JDL parece empeñada en demostrar lo contrario. En sesión extraordinaria, votó un decreto interpretativo para aclarar que los sueldos deberían aumentar 6,7% para todos. Peña observó el decreto interpretativo la semana pasada y lo tildó de inconstitucional, sin argumentar las razones de tal calificación, según el pronunciamiento al que accedió la diaria.

El 18 de enero, Julio Serrón, asesor jurídico de la JDL, elevó un informe a la intendencia para recordar que el legislativo departamental puede levantar la observación del ejecutivo por tres quintos de los votos para hacer que el decreto interpretativo entre en vigencia de forma inmediata.

El ejecutivo no cuenta con los votos de un herrerismo dividido, ni de los colorados, ni de los frentistas, que juntos llegarían a los tres quintos para frenar el aumento de sueldo propuesto por Peña. “Está todo dado para alcanzar los tres quintos y levantar la observación de la intendenta”, anunció el edil emepepista Mauro Álvarez a la diaria.

El martes a las 20.00, la JDL en sesión extraordinaria tendrá arriba de la mesa como único tema el oficio de la intendenta. El último informe de la comisión legislación, redactado el jueves, aconseja levantar el veto por cuatro de los cinco ediles que firmaron el informe.



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