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Argentina/La Plata: Frente a Necesidades Urgentes, un Estado Ausente

por Julieta Ferraro | Revista Venceremos | Resumen Latinoamericano | Febrero, 3, 2017

A más de un año del triunfo de  Mauricio Macri como presidente de la República Argentina, el déficit habitacional, puntualmente en la ciudad de La Plata, es cada vez más preocupante. La falta de políticas públicas, el fallo de las ya existentes y las leyes no cumplidas son algunos de los múltiples factores que dan como resultado que cada vez menos personas puedan acceder a una vivienda digna. En un contexto donde el gobierno tiende a focalizar el poder en los grandes grupos económicos, las personas más afectadas son las pertenecientes a la clases bajas y ‘marginados sociales’, los más vulnerables.

Las diagonales de La Plata reflejan, como tantas otras ciudades, una de las problemáticas de las cuales nadie puede aislarse. Al caminar por Calle 7 o 12, las miradas de cualquier persona con un tanto de sensibilidad, se dirigen al mismo lugar. La gente en situación de calle llena pechos de indignación, humedece ojos y genera nudos en la garganta. No es un tema apartado de la realidad actual: en lo que va del año, los índices de indigencia aumentaron un 6,3%, lo que equivale a 1,7 millones de personas en una situación de pobreza extrema.

La responsabilidad recae en un Estado ausente que no toma medidas inclusivas para garantizar los derechos a la vivienda. Durante la década del anterior Gobierno se ejecutaron políticas nacionales con injerencia en el desarrollo, la casa propia y el hábitat. Tales como: Pro.Cre.Ar que ofrecía créditos con baja tasa de interés para la edificación en terrenos propios o para adquirir un hogar través del programa; el Sistema Federal de Viviendas, que tenía por objetivo facilitar el acceso a la vivienda digna mediante el otorgamiento de créditos para la construcción, compra, mejoramiento o terminación de las mismas; la Tarifa social de los servicios de agua potable y saneamiento, que  abarcaba un subsidio variable en las facturas del servicio de acuerdo a las necesidades y características de los hogares.

En septiembre del pasado año el Gobierno de Mauricio Macri a través del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) hizo públicos los números de pobreza e indigencia. Los datos referenciales no eran oficiales desde el 2014, sin embargo fueron aumentando de manera abismal en el transcurso de los diez meses en donde la derecha neoliberal argentina arrasó con cuestiones básicas como lo es el acceso a una casa propia. A simple vista y sin datos oficiales, la cantidad de gente en situación de vulnerabilidad e indigencia se hizo presente en todas partes, también así en las calles platenses, ya sean céntricas, plazas o hasta en patrimonios culturales como la Catedral.

Al recorrer las diagonales, en cada bar o restaurante es común que a veces se acerquen los más chicos pidiendo algo de dinero o simplemente un poco de comida. De nuevo la misma sensación de indignación, aunque ahora un poco más profunda porque estos chicos, la mayoría de las veces, son mandados por sus padres, esos padres que un Estado expulsó de la sociedad, esos padres que hoy tampoco tienen un hogar propio para brindarle a sus hijos, esos padres, que los interpela cualquier política actual que los deja afuera de la discusión y los expulsa cada vez más hacia la pobreza.

Para este 2017, se presupuestaron 30 mil millones de pesos para viviendas, una cifra que parece reducida comparada con los 247 mil millones que obtuvo el pago de intereses de la deuda pública. El Pro.Cre.Ar fue reformulado y muchos beneficiados del año pasado permanecen en la incertidumbre por terrenos que ya les habían adjudicado. En Córdoba, por ejemplo, se prevé para este año la construcción de 200 casas por parte del Gobierno nacional, un número alejado del millón de casas que el Gobierno prometió en campaña para sus cuatro años de gestión. Sin dudas hay una gran ausencia de políticas integrales en torno al hábitat, desarrollo territorial, suelo y vivienda. El acceso a la vivienda no es cuatro paredes y un techo, es pensar una vivienda digna. Y esto lleva también implícitas condiciones de infraestructura y habitabilidad.

En los niveles socioeconómicos medio bajos, la obtención de la vivienda presenta grandes dificultades, por la radical brecha que existe entre su costo y los ingresos. En este contexto, resulta imperativo que el Gobierno diseñe y ejecute políticas públicas teniendo a la vista diagnósticos precisos de la situación, el debate, para potenciar los efectos positivos y alternativas coherentes de solución, en un marco de superación de la pobreza y el desarrollo integral de la comunidad.

La mera construcción y entrega de viviendas no basta para garantizar el desarrollo social. Por el contrario, los sistemas complementarios como son el acceso al agua potable, al gas y luz, desagües, pavimento, plazas y lugares de recreación, centros de salud, transporte, escuelas y seguridad entre otros, son aspectos prioritarios que deben tomarse en cuenta en la elaboración de una verdadera política pública. De no ser así, el hábitat deja de ser óptimo, ya que la vivienda no es solo un lugar para vivir, sino que es un todo donde el hombre se desarrolla como parte de la comunidad a la que pertenece. Cuando existen mayores niveles de pobreza y bajos salarios, el problema se magnifica, pues la probabilidad de que una familia con ingresos insuficientes pueda adquirir una vivienda es superior y con el aumento progresivo de la población es esperable que aumente el déficit habitacional, principalmente en los países pobres.

De acuerdo con las proyecciones de la CEPAL, en 2020, el 82% de la población de América Latina vivirá en urbes, por lo cual se demuestra que es urgente definir el camino a seguir, analizando las diferentes opciones posibles. El fomento del ahorro previo entre los sectores que muestran ingresos variables, como mecanismo para acceder a créditos de financiamiento, aparece como una opción viable para generar soluciones de forma eficiente.

Los hechos del pasado deben servir para emprender nuevos caminos, así es que debemos responder al problema habitacional. Para ello debemos recuperar como autoridad de aplicación a los organismos provinciales de vivienda, permitiéndoles el diseño de sus programas, junto a los municipios y conformando verdaderos “Consejos Provinciales”, desde donde se determinarían cupos aplicando criterios de distribución, sobre la base de la equidad. Una vez restablecida la competencia de los organismos provinciales de vivienda, se debería revisar el rol de los actores sociales tales como gremios, cooperativas, empresas y profesionales.

Los datos mostrados con anterioridad dan cuenta de una realidad injusta que vive la mayor parte de la población de nuestro país, con las clases acomodadas que sufren menos estos coletazos de la crisis financiera internacional, y con una clase media, media baja y baja que siente enormemente los efectos de la misma, necesitando la mano de un Estado fuerte que sirva para paliar los efectos y empezar a crecer nuevamente.

Sólo con una fuerte política de Estado que tienda al mejoramiento gradual y sustancial de la situación social, que lleve a un mejoramiento de las condiciones de vida de los individuos, que procure atender las causas y no que atienda los hechos consumados, la Argentina podrá salir adelante.



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